Un 7, 1%, exactamente. Ese es el porcentaje en que se mide la austeridad que han decidido poner en práctica los miembros de la institución monárquica que perciben fondos públicos del Estado. Se trata de una cantidad a todas luces insuficiente para arrimar el hombro como es debido en estos tiempos tan difíciles. Según informa el diario El País, el Rey y el Príncipe pasarán a percibir, respectivamente, 20.000 y 10.000 euros menos en sus asignaciones anuales procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, las cuales, una vez aplicada dichas reducciones, quedan en la siguiente cantidad: 272.752 euros por parte de don Juan Carlos de Borbón, y 131.376 euros que irán destinados a cubrir los gastos institucionales del Príncipe Felipe. Aparte de estas cantidades, existen unos gastos de representación, también de carácter institucional, que van destinados a costear los actos oficiales de las Infantas, y que también se verán reducidos en su asignación. Por último, los altos cargos de la Zarzuela también se aplican el porcentaje del 7,1% en sus nóminas.
Sin ser un dato menospreciable, el de la reducción del 7,1% en los presupuestos de la Casa Real, sí que constituye una cantidad claramente insuficiente si se pretende realmente contribuir a que los bolsillos de los ciudadanos más pobres se sientan mínimamente aliviados. La auténtica burbuja que nos ha llevado hasta donde estamos, más que la inmobiliaria, o, mejor dicho, además de ella, es la burbuja en la que viven nuestros gobernantes: una burbuja plagada de lujos en forma de coches oficiales, comidas oficiales, viajes oficiales, teléfonos móviles oficiales, y toda clase de fastos oficiales, y de las marcas más caras, con los ejemplos más representativos de Mercedes, BMWs y viajes en primera clase, y de las comidas en los restaurantes más caros, y de los alojamientos en los hoteles más lujosos; una burbuja de la que viven desde los miembros de la Casa Real hasta los cargos políticos de todos los niveles administrativos (central, autonómico y municipal, por no hablar, también, de las instituciones de la Unión Europea, que constituye otra fuente de despilfarro de dinero público).
El gesto de la Corona española no es desdeñable. Es de agradecer. Pero deberá ir mucho más allá. Si no de golpe, sí, al menos, de forma gradual, como los Objetivos del Milenio, del 0,7 por ciento del PIB mundial para la erradicación planetaria de la pobreza. Se trata de una comparación algo cínica y sarcástica, puesto que la lentitud con que se lleva a cabo este tipo de solemnes medidas hace que muchas de ellas caigan en saco roto por la morosidad de su puesta en práctica, si es que ésta llega a producirse, que esa es otra cuestión. Pero, retomando el hilo de la exposición, las más altas esferas de nuestras instancias de representación política deben apretarse muchísimo más el cinturón para predicar los suficientemente con el ejemplo como para que la ciudadanía empiece a tomarles en serio y el sentimiento de indignación se convierta en sentimiento de respeto, orgullo y, sobre todo, confianza.Más que nada y sobre todo, porque son ellos los que más deberían apretarse el cinturón, porque tienen muchísimo margen de maniobra. Y es que al que gana 200.000 euros al año le cuesta mucho menos esfuerzo aplicarse medidas de austeridad presupuestaria que al que percibe un salario de 10.000 euros, al cual ya no le queda cadera que ceñirse y no le queda más remedio que atarse el cinturón al cuello para estrangularse.
Grafocracia 
Aunque coincido contigo en que el gasto de los altos cargos podría y debería verse reducido, me da la sensación de que es una pendiente resbaladiza por la que no deberíamos pasar. Y si lo hacemos, hay que ser justos en las valoraciones. De otro modo, el argumento de ahorro nos llevaría a tener menos representantes de los ciudadanos (con el déficit democrático que ello conlleva) o a tener representantes mal o nada pagados (con lo que sólo los que ya dispusieran de una fortuna anterior podrían dedicarse a la política). Si los políticos son nuestros empleados, deberíamos pagarles lo suficiente para A) atraer a los mejores y B) reducir el riesgo de que sus decisiones se vean influidas por otros poderes. Precisamente por esto soy un gran partidario de los salarios vitalicios a todos los expresidentes.
Recogiendo tu explicación, es cierto que muchos políticos viven en una burbuja, pero el problema no es que en ésta haya coches oficiales, sino que los coches oficiales no les permitan ver la calle. De los 80000 cargos electos que hay en España, la gran mayoría no disfrutan de estas «comodidades». Te hablo de los más de 68000 alcaldes y concejales, de los cuales muchos, ni cobran.
Supongamos que sí, que los otros 12000 cargos gastan mucho, que tienen margen para apretarse el cinturón. ¿Realmente cuánto pueden cobrar? ¿4, 5, 10 veces un salario digno? Si una paga extra del Príncipe son 10000 euros brutos, estamos justo en la zona de 5 veces un salario digno. ¿Podemos decir que es realmente un problema de dinero? El gesto, evidentemente, hay que agradecerlo y podría ir más allá, claro.
Finalmente, una reflexión: no estamos ante una mala administración porque despilfarre. Estamos ante una mala administración porque vive ajena a la sociedad. Y en algunos casos, despilfarra.
Como siempre, con tu perspicacia haces que la barrera dialéctica del tópico se derrumbe para indagar en el meollo verdadero de los problemas que nos ocupan. Me quedo con el último párrafo de tu réplica, en que se halla la clave de todo. Sin embargo, discrepo de lo que afirmas en el primer párrafo. A estas alturas de la vida y de la Historia, yo creo que hay que dar prioridad a lo cualitativo frente a lo cuantitativo. Que tengamos menos representantes no supone una merma de la calidad democrática siempre y cuando estos profesionales desempeñen correctamente su trabajo, o sea, con honradez y transparencia. Cuanto más complejo y enmarañado es un sistema, más fácil lo tienen los que lo gobiernan para corromperse y abusar de los gobernados. Yo creo que no necesitamos 350 diputados. Con menos de la mitad es más que suficiente. Y, del Senado, no hablemos. Tampoco comparto contigo el que los expresidentes tengan que disfrutar de salarios vitalicios. Deberían cotizar como todos los demás trabajadores.
Disiminuir el número de diputados es un suicidio si pretendemos que haya pluralidad. Por pura probabilidad, es más difícil encontrar voces discordantes en un parlamento de 100 que de 300 diputados. En un parlamento suficientemente amplio, cabe la posibilidad de introducir nuevas ideas a través de un único diputado. Mira si no a Rosa Díez, que sin ser santo de mi devoción, me parece una figura muy necesaria: insistente y pertinaz, le da igual criticar a unos o a otros. Su escaño en la pasada legislatura, que es lo que le ha valido un apoyo mucho mayor en la actual, habría sido imposible en un congreso de 100 diputados con representación proporcional/territorial.
Sobre el sueldo de los expresidentes, te contestaré más adelante, estoy preparando una entrada sobre ello.
En la teoría, no te falta razón. Pero en la práctica, ya ves cómo están las cosas. De todos modos, hay un impedimento estructural que frena la práctica de la pluralidad plena y real: la ley electoral basada en los postulados de Víctor D’Hondt.