El gobierno de la palabra

La grafocracia como alternativa

Como dijo Blas de Otero, nos queda la palabra. Aunque nos lo quiten todo, aunque nos dejen desnudos de cuerpo entero, nos queda nuestra capacidad para rebelarnos, aunque para expresar esa rebelión solo nos quede ese reducto que nos define como personas, como seres inteligentes: el reducto verbal. Si nos roban, les llamaremos “ladrones”; si nos engañan, les llamaremos “mentirosos”; si nos matan, les llamaremos “asesinos”. No nos podrán impedir que reaccionemos frente a sus desmanes. No nos taparán la boca ni nos quitarán la pluma para decir o escribir lo que creemos que está mal, ni para denunciar a los culpables de esta situación.

En esto consiste, precisamente, la grafocracia: se trata de un último intento, desesperado, a la par que digno, honesto y audaz, de no sucumbir a las conductas marcadas por la violencia, de aferrarnos al gobierno de la palabra y de la escritura con la esperanza de que lo que desde esta plataforma expresamos por escrito tenga alguna repercusión de utilidad, por mínima que sea, para cambiar la realidad de España y del mundo, de manera que el estado de cosas, el statu quo, se torne favorable a la mayoría de la clase trabajadora, de los colectivos sociales más desfavorecidos.

Sabemos que nos movemos en el terreno de la utopía, pero creemos que el margen de maniobra del que disponemos es razonable y realista, porque lo único que pedimos es justicia, libertad, igualdad y solidaridad. Exigimos, simplemente, que empiecen a cumplirse todas las disposiciones legalmente vigentes que otorgan soporte jurídico y legitimidad internacional a todas las instancias de decisión oficiales, desde la ONU, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948, hasta nuestra Constitución Española de 1978, pasando por la Convención de Ginebra y todas las disposiciones jurídicas intermedias existentes.

Acogiéndonos al caso más cercano a nosotros, que es el entramado jurídico de nuestra Ley Fundamental, exigimos que los términos que en ella se establecen no se queden en el papel, sino que se traduzcan en políticas reales con las que se lleve a la práctica toda la batería de derechos sociales que tan arduamente fueron negociados por los agentes progresistas de nuestro país durante la Transición, basados en los modelos europeos de sostenibilidad social, poniendo el foco paradigmático en las soluciones de los pa íses escandinavos, cuyo éxito a la hora de poner en práctica criterios como la progresividad fiscal y la redistribución de la renta han sido y siguen siendo avalados por los más afamados expertos en la materia (Vicenç Navarro, Carlos Taibo, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, etc.).

Este tipo de exigencias son las que llenan de contenido doctrinal las reivindicaciones de nosotros, los grafócratas. Creemos en el cambio social mediante el ejercicio de la palabra a través de la práctica de la dialéctica, de la discusión, de la aportación de datos y reflexiones para lograr ese objetivo común que nos define como realistas utópicos o como utópicos realistas. Porque la realidad exige un cambio en términos de justicia, libertad, equidad social y democracia radical. Y, a la inversa, este mismo cambio que exigimos se lleve a cabo solo puede producirse en un marco real adecuado a nuestros propósitos, que son los propósitos de la inmensa mayoría, a la que también invocaba constantemente, una vez más, Blas de Otero, uno de nuestros grandes poetas comprometidos durante la posguerra española de 1939.

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