El gobierno de la palabra

Breve defensa del estado autonómico

In Territorio no neutral on 20 de agosto de 2012 at 8:19

Al grito de “¡Duplicidades!” e “¡Insostenible!”, no faltan voces que propongan el fin o, en neolengua, la “racionalización”, del Estado de las Autonomías. Dicen que no nos podemos permitir 17 ministros de sanidad, de educación, y de todo. Que las comunidades autónomas son un sumidero de dinero público y que copan la mayor parte de la deuda. Que el disparatado modelo de la nación española es una importante causa de que nos veamos como nos vemos. Y todo esto que se dice, apenas se sostiene con argumentos lógicos.

Comencemos por describir el estado español: la extensión de España es de unos 500.000 kilómetros cuadrados, y en España viven 47 millones de personas. El modelo territorial consta de 17 autonomías, en las que gobiernos regionales con mucha capacidad de autogobierno son elegidos por sus ciudadanos. ¿Es esto disparatado? Comparemos con otros países: Francia, con una superficie de 600.000 kilómetros cuadrados y 66 millones de habitantes, ¡no tiene autonomías! Alemania, con algo más de 350.000 kilómetros cuadrados tienen unos 85 millones de habitantes, y es una república federal donde cada uno de sus “estados” tiene también bastante independencia. Un caso notable es Suiza, que con una extensión de 40.000 kilómetros cuadrados y sólo 7 millones de habitantes tiene 26 cantones y un funcionamiento completamente federal, algo que mantienen desde la edad media. Vistos los ejemplos (centralistas o federales; más grandes o más pequeños), la única conclusión lógica es que el modelo territorial no determina la prosperidad de un país, o dicho de otra forma, el estado autonómico español no es la causa de la crisis que vivimos, y por tanto, su reforma difícilmente conducirá a resolver nuestros problemas.

El otro argumento falaz que se usa es el de la deuda que generan las autonomías, de la cantidad de dinero público que se transfiere por parte del estado central a las autonomías. Es cierto que las autonomías gastan mucho dinero, pero también es cierto que son ellas las que prestan servicios de sanidad, educación, atención a la dependencia, etc. El dinero que invierten las autonomías podrá estar mal gestionado, pero los servicios que se prestan son de una importancia vital.

Finalmente, me aventuraría a decir que precisamente la reticencia a avanzar hacia un modelo federal es lo que crea desigualdades y mantiene vivo el argumento de que las autonomías gastan mucho dinero público. Paradójicamente el rechazo a un modelo federal produce disfunciones que se usan para argumentar contra el modelo federal. Me refiero a que la recaudación de impuestos directos (IRPF) debería hacerse con 3 impuestos independientes : Impuesto municipal directo, impuesto autonómico directo e impuesto estatal directo. Con las correspondientes horquillas mínimas para garantizar la viabilidad del sistema, pero permitiendo a cada administración acceder a financiación mediante impuestos a los ciudadanos a los que da servicio. Así, se acabarían los argumentos de insolidaridad de algunas autonomías, y los problemas para acceder a la financiación por parte de las regiones. La administración central podría usar sus recursos para eliminar las diferencias entre autonomías con diferentes concentraciones de ciudadanos ricos (no existe una autonomía rica, sino una autonomía con muchas personas ricas) incrementando partidas presupuestarias que garanticen la igualdad efectiva de los españoles.

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  1. Estoy de acuerdo contigo. El problema no está en el modelo territorial, sino en cómo es gestionado. Estado, autonomías y municipios son la misma cosa: instancias de servicio público, cada una con su ámbito competencial y cada una, igual de importante. El problema radica, en mi opinión, en el modelo de financiación, que depende directamente del sistema productivo (economía y mercado laboral). Esto afecta, sobre todo, al nivel municipal, en que el foco de la financiación del gasto público ha estado basado en el mercado inmobiliario (recalificaciones de terrenos, etc.).

    En la medida en que el Estado se financie mediante gravámenes a las actividades privadas, este sector privado debe basarse en un modelo lo suficientemente desarrollado, sostenido y transparente (a efectos fiscales y penales) para que las garras de la corrupción no lo alcancen y degraden todo el sistema, con el consiguiente derroche de recursos y prácticas abusivas.

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